Cuatro años mágicos del PP, ¿repetimos?

III Parte: Políticas de desigualdad y discriminación a los más débiles

Políticas sociales

La desprotección que han sufrido los ciudadanos, y en especial los más débiles, en estos cuatro años raya lo tercermundista. Bajo la justificación de reducir el déficit impuesto por Bruselas (que no han llegado a cumplir), se han tomado medidas que han hecho mucho daño a la gente que más necesitaba la ayuda del Estado en estos años de crisis. Por ello resulta bochornoso escuchar cómo Cristóbal Montoro presentaba los presupuestos ante los medios, en un ejercicio de cinismo sin precedentes. Decía: “Los presupuestos de 2013 son los más sociales de la democracia”. Ese es el respeto que tienen a los ciudadanos.

El caso más sangrante ha sido el desmantelamiento de la Ley de dependencia. En palabras de Rajoy, decía de esta ley que “no es viable” y que “habrá que ir haciendo lo que se pueda”. Pues bien, las políticas del PP plagadas de recortes y modificaciones mediante real decreto han llevado a la reducción del número de beneficiarios y de la cuantía de las prestaciones, al incrementado de la aportación de los usuarios y a la limitación de la figura del cuidador familiar. Cada vez es más difícil cumplir los requisitos que necesitan los dependientes para poder beneficiarse de las prestaciones y ya no se garantizan los derechos de las personas en situación de dependencia. Estos recortes se han ensañado con las personas más desprotegidas y las más débiles. Por citar unos datos ilustrativos, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura, han fallecido 127.000 dependientes con su derecho reconocido esperando a ser atendidos, más de 78.000 familias han perdido la prestación económica para cuidar en su domicilio a sus familiares dependientes y se estima que más de 400.000 familias siguen en lista de espera. “Habrá que ir haciendo lo que se pueda”. Sin embargo, para rescatar a los bancos (Bruselas considera que las ayudas ascienden a 100.000 millones aproximadamente) o subirse los sueldos (Rajoy percibirá un salario anual de 78.966 euros, un 1% más que en 2015, un incremento idéntico al que tendrán todos los funcionarios) parece que se ha podido hacer algo más.

Pero ya el colmo de la desfachatez y de que nos tratan por tontos es la noticia que ha salido recientemente en los medios: “Rajoy paga con dinero público la atención de su padre dependiente mientras 420.000 dependientes esperan sus ayudas”. Mariano Rajoy se ha convertido en el primer presidente que carga el gasto que supone la atención durante las 24 horas de su padre dependiente a los presupuestos públicos. En vistas de lo ocurrido Rajoy debería haber dicho que la Ley de Dependencia no era viable ‘excepto para mi padre’. ¿No sería esto motivo de dimisión en un país serio y democrático?

Otra gran medida social ha sido la imposición del copago sanitario y farmacéutico. Un nuevo hachazo a la sanidad pública, que ya ha dejado de ser gratuita para mucha gente. En un ejercicio de transparencia a la que nos tienen acostumbrados, este copago se publicó en el Boletín Oficial del Estado en un intento de ocultarlo a la opinión pública. Ni nota de prensa ni comparecencia ante los medios, nada de nada. Ha tenido que ser una organización ciudadana dedicada a escudriñar el Boletín la que hiciera pública la noticia. Pues bien, como verán algunas de estas medidas son de gran contenido social: copago farmacéutico para todos, incluidos los pensionistas, 425 medicamentos del listado que financia la Seguridad Social se sacan fuera de receta, (son además fármacos de consumo habitual como antigripales o antiinflamatorios), los enfermos crónicos abonarán el 10% del precio de las medicinas que necesiten para su tratamiento (hablamos de enfermos de cáncer, hepatitis B y C, artritis, leucemia, tumores cerebrales, esclerosis múltiple), copago en ambulancias, sillas de ruedas, prótesis...

También es alarmante y más atendiendo a los datos, el recorte que han sufrido las partidas para la igualdad de género. En concreto, el presupuesto para la prevención de la violencia machista ha sufrido un recorte del 26% en estos cuatro años. Es decir, España dedica a la prevención integral de la violencia de género casi diez millones de euros menos que en 2010, con el consiguiente déficit de recursos para financiar los servicios sociales de atención y apoyo a las víctimas, imprescindibles para atajar esta lacra de nuestra sociedad. Hay que recordar que en los últimos doce años, 792 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas. Los recortes están afectando a la concienciación, y ello implica una mayor pasividad y distancia de la sociedad, de los entornos cercanos a las víctimas y de los entornos próximos a los agresores; algo que se traduce en mayor aislamiento y por consiguiente más libertad para continuar con la violencia.

Otro de los pilares básicos afectados por los recortes son los servicios de atención a las mujeres, oficinas donde obtenían información y asesoramiento sobre el proceso para salir de la violencia de género, y donde en muchos casos también recibían la atención para poder superar las consecuencias emocionales y materiales ocasionadas por el agresor. La falta de atención, unida a la disminución de la concienciación, afecta a la protección de las mujeres al situarlas en una posición de mayor vulnerabilidad. Las consecuencias de estos recortes se caracterizan por una disminución de las denuncias, un aumento de la retirada de las denuncias que se han interpuesto, una reducción en las cifras de separaciones. Del mismo modo han bajado las medidas de protección, los partes de lesiones, la información sobre todo lo que ocurre y no ocurre…En datos: Año 2010: 85 mujeres asesinadas; Año 2011: 67 mujeres asesinadas; Año 2012: 57 mujeres asesinadas; Año 2013: 57 mujeres asesinadas; Año 2014: 59 mujeres asesinadas; Mujeres asesinadas durante 2015: 55.

Reforma laboral

A la vista de los datos oficiales, podemos decir que la Reforma Laboral no ha frenado la destrucción de empleo, no ha favorecido la contratación indefinida, no se ha avanzado mediante la negociación en la flexibilidad interna de las relaciones laborales, no ha fomentado la contratación ni se ha reducido la temporalidad y no se ha desarrollado la empleabilidad de los trabajadores, objetivos que en principio decía el ejecutivo que querían cumplir. Entonces, ¿para qué ha servido la Reforma laboral?

Las consecuencias no pueden ser más nefastas. La reforma ha traído: el incremento del poder unilateral del empresario, el recorte y pérdida de derechos y garantías de los trabajadores, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o descuelgue de las condiciones del convenio, bajada de sueldos, la reforma en materia de despido improcedente, con la supresión de los salarios de tramitación y reducción de la indemnización, aumento de la precariedad, el período de prueba de un año del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, la desregulación, que no flexibilidad, de las condiciones de trabajo en el seno de los centros de trabajo, la perdida de la autorización administrativa para los EREs…ha y está provocando daños letales en el mercado laboral, en el sistema de relaciones laborales y por tanto para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. No me quiero extender más, todos sabemos de primera mano la situación del mercado laboral y del lado de quién están los que nos gobiernan.

Memoria histórica

No veo la razón por la que si el PP se considera un partido democrático se niegue a aplicar la Ley de Memoria Histórica, teniendo que ver en la prensa noticias como esta: “El PP rechaza retomar la Ley de Memoria Histórica y el reconocimiento a las víctimas del franquismo”, a la vez que se escuchan declaraciones de su portavoz un tanto irrespetuosas: “No hemos hecho comisión de la verdad ni falta que nos hace”, en una muestra más de su talante democrático. A los dirigentes del PP se les llena la boca con discursos en defensa de la democracia y el Estado de derecho, a la vez que amparan con total descaro los crímenes del franquismo, a los torturadores, militares y políticos implicados en ellos, mostrando su completo desprecio hacia las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Por ello no sorprende que el Estado Español, después de Camboya, es el país del mundo con más desaparecidos: 114.226 personas asesinadas y enterradas en más de 2.000 fosas comunes durante la guerra civil y la Transición. Si, esa transición que la derecha española ve tan idílica y ejemplar y que no supuso otra cosa que una continuación de los mimos en los mismos cargos, amnistiados en sus delitos.

Zapatero aprobaba la Ley de Memoria Histórica en 2007. Una ley muy insuficiente que no declara ilegales las sentencias franquistas ni anula la Ley de Amnistía, y que dificulta la labor de recuperación de las víctimas enterradas en fosas al no establecer la obligatoriedad de que el Estado, con sus recursos materiales y humanos, se implique en la tarea. Pero al menos suponía un comienzo y un reconocimiento a las víctimas que lucharon por la democracia. Pues bien, en el primer año de la legislatura (2012), Rajoy redujo el presupuesto de 6,2 millones —ya de por si ridículo— a 2,5 millones (un 60%), y eliminó todas las subvenciones para apertura de fosas comunes. Al año siguiente (2013), el presupuesto fue de 0 euros, con lo que la Ley quedó derogada de facto. Además, en comunidades y ayuntamientos, el PP ha puesto todas las trabas para impedir la exhumación de fosas. Por ejemplo, en Valencia, la anterior alcaldesa, Rita Barberá, quiso obligar a la familia del represaliado Teófilo Alcorisa a pagar 45.000 euros por su exhumación, tras impedir que les llegaran unas ayudas que el Gobierno les había concedido en 2009.

Y no sólo se trata de las fosas comunes. Se ha mantenido en el callejero de muchas ciudades los nombres de generales y políticos implicados en el golpe del 18 de julio y en la represión más salvaje. Por no hablar de los numerosos monumentos dedicados a Franco que siguen en pie, como por ejemplo el Valle de los Caídos. Un mausoleo donde se venera a Franco y Primo de Rivera, donde las víctimas que levantaron el monumento yacen enterradas junto a sus ejecutores. Una impunidad completa, que ha tenido en el PP su mayor valedor, pero en la dirección del PSOE un cómplice necesario por su complacencia y pasividad.

En 2010, ante la imposibilidad de obtener justicia en España, se interpuso en Argentina una Querella contra los crímenes del franquismo. A partir de ese momento, cientos de organizaciones en defensa de la Memoria Histórica, organizaciones sociales, partidos políticos de la izquierda y personas individuales, interpusieron denuncias contra ex funcionarios, torturadores y criminales franquistas. En 2013, la jueza que instruye el caso, Servini de Cubría, pidió a extradición de 19 ex funcionarios del régimen, entre ellos, prohombres de la Transición como Martín Villa (ex Ministro de Gobernación con la UCD) o torturadores como Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”. ¿Qué hizo el gobierno del PP? Impedir su extradición con la excusa de “no reabrir heridas” y que “los crímenes han prescrito”.

Mientras el Gobierno llora lágrimas de cocodrilo por las víctimas del terrorismo, a las víctimas del franquismo las ningunea totalmente. Y se burla de ellas. En 2008, Pablo Casado, actual vicesecretario de comunicación del PP, dijo que la gente de izquierdas “son unos carcas, que todo el día estaban con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién” despreciando la reclamación de los familiares de los fusilados por el franquismo a una reparación digna. El 4 de noviembre de 2013, Rafael Hernando, actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, dijo en televisión que “los familiares de las víctimas del franquismo solo se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones”. Y toda esta burla a las víctimas del franquismo ha durado hasta el final de la legislatura. En el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ante la pregunta sobre por qué no se destinaba dinero a la Ley de Memoria Histórica, el senador del PP, Joaquín Peñarrubia, declaró “que ya no hay más fosas del franquismo que descubrir” un argumento que se desmontan con solo entrar en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia. Una diputada del PP, Rocío López, ante una pregunta sobre la extradición de los encausados en la Querella Argentina, contesto que se negaban a ello porque no “querían reabrir heridas”, “que había que dejar en paz a los muertos” y que “generaba división”.

Pero mientras el PP habla de no “volver al pasado”, de “no reabrir heridas”, y falacias varias, son ellos los primeros encargados de exaltar el pasado franquista. Miembros de Nuevas Generaciones han sido pillados numerosas veces haciendo el saludo fascista o con la bandera franquista con el águila. Y varios alcaldes del PP han justificado y apoyado la dictadura: el alcalde de Baralla (Lugo) Manuel González Capón afirmó “que quienes fueron condenados a muerte sería por qué se lo merecían”; y el de Beade (Ourense), Senén Pousa, sentenció: “Franco, con sus errores, hizo muchas cosas por España”. Ninguno de los dos dimitió por dichas palabras.

Pero todo esto tiene una explicación. El PP es el partido fundado por Manuel Fraga y ex altos cargos de la dictadura, nutrido hoy por sus hijos, nietos y sobrinos. Es el partido de la reacción, el que defiende a los grandes capitalistas que se forraron durante el franquismo con el trabajo esclavo, la especulación y la represión a la clase trabajadora.

Medio ambiente

Todos tenemos en el recuerdo el desastre que provocó el Prestige en la costa gallega, en el que sólo la intervención de los miles de voluntarios que se sumaron a la limpieza, desde todos los puntos de España, consiguió adecentar la costa en un tiempo récord. Nunca antes se había visto un movimiento tan masivo y eficaz. Fraga, presidente de la Xunta, no tuvo el gesto de otorgarles la mayor distinción posible. No estaba para esas cosas. Pues bien, si aquella catástrofe fue desastrosa, tanto o más fue la gestión de la crisis que llevó adelante Mariano Rajoy, que ya apuntaba maneras. Permítanme recordar alguna de sus frases célebres: “La marea no va a llegar a las Rías Bajas”; “A una profundidad de 3.500 metros y a dos grados de temperatura, el fuel estará en un estado sólido, por lo que, en principio, el combustible no se verterá”; “Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos”; “La popa está mejor que la proa”. “Solo tiene un par de pequeñas grietas”. Un genio. También pudimos disfrutar de la gracia de Federico Trillo: “Pensamos en bombardear el Prestige para hundirlo o hacer arder el fuel”.

En esta fiesta no podía faltar Rodolfo Martín Villa, (ministro de Gobernación en el gobierno de la UCD. Pesa sobre él una orden de busca y captura internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria que España ha decidido no aplicar), nombrado comisionado del Gobierno para el Prestige: “Si llegara a deducir que la responsabilidad está en alguna autoridad pública, me lo callaría, porque estaría perjudicando el patrimonio nacional”. En otras palabras, si la han cagado los míos, nunca se sabrá. Curtido en los “buenos tiempos”, sabía cómo tapar lo impresentable.

Ana Botella también dio muestra de sus dotes de gran estadista, que han sido refrendadas con el tiempo: “En la catástrofe del Prestige sólo hay un culpable: el barco”.

Poniéndonos serios, con respecto a resolver el tema de las responsabilidades, pues ya se sabe, el PP disolvió la comisión de investigación del Parlamento Gallego con su voto en solitario y se fueron a Bruselas a presionar para que la investigación del asunto que se preparaba en Europa se centrara en cómo prevenir catástrofes y no en buscar las causas y los responsables. Poniéndolo en palabras del ministro de Franco, el señor Fraga: “para evitar la tentación de algunos grupos de la oposición de este Parlamento y de España, de enredar políticamente”. Él era como Franco, no le gustaba la política.

En la cima del respeto por los ciudadanos que indignados ante esta incompetencia salían a las calles por toda España, se situó el presidente Aznar, que dando muestras de su talante democrático se refirió a los manifestantes como: “perros que ladran su rencor por las esquinas”. “ Marca España”. No crean que en todos los países democráticos un presidente del gobierno puede llamar perros a sus ciudadanos y continuar en el cargo tan pancho. Hay sitios donde lo de la democracia y el respeto a las instituciones se lo toman en serio.

Cuando llegó el juicio ninguno de los responsables políticos se vio implicado y quedó al descubierto la ocultación de pruebas e informes periciales fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. En cambio, el proceso se saldó con el ascenso de todos los implicados. Otra muestra de esa transparencia de la que hacen gala, compatible con la ocultación de pruebas y falta de colaboración con la justicia. Unos genios.

Parece claro que el cambio climático ya no es una alucinación o un capricho de rojos progres, sino una realidad reconocida por todos los científicos, autoridades y estudiosos del tema. Nos estamos jugando mucho, no sólo nuestra supervivencia, sino la de futuras generaciones. Pues bien, la actitud del PP hasta hace dos días ha sido negacionista (ellos se hacen llamar escépticos). En su condición de liberales, anteponen el derecho a su riqueza sobre el futuro del medio que se la proporciona. Un cortoplacista que hipoteca los recursos naturales para conservar su estado de bienestar. Pan para hoy y hambre para sus hijos mañana. Como buen conspiranoico, el negacionista no atiende a datos ni a estudios científicos. De ahí la célebre frase de Rajoy, que años más tarde ha tenido que rectificar. Éste restaba importancia al cambio climático aludiendo a un primo suyo, catedrático de Física de la Universidad de Sevilla. "Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá. Y entonces dijo: “Oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?". Aplausos. Rajoy demuestra que de este tema sabe más bien nada, pero su primo dudo que sepa más que él, al confundir la meteorología, que cambia y puede cambiar diariamente, con el clima, que es estable en el tiempo. Y precisamente eso es lo preocupante, el clima está empezando a cambiar provocando graves consecuencias en nuestras vidas.

Su modelo sigue siendo el de las centrales nucleares, queriendo abrir si ganan las elecciones la central de Garoña, que lleva años cerrada y que ha quedado totalmente desfasada, sin tener en cuenta los consejos de los expertos que señalan la enorme peligrosidad de este tipo de energía. Por otra parte, el futuro está en las energías renovables, ya que los hidrocarburos y fósiles llegarán a agotarse. Pero mientras ellos sean los que mandan, esto no será así. Los empresarios de las eléctricas y energéticas, sus amiguetes, tienen que seguir forrándose. Más que nada porque luego, cuando dejen de “servir” a los ciudadanos, es donde van a recabar, en los consejos de administración de estas empresas. En esta línea han aprobado por Real Decreto un "impuesto al sol" que impide que un ciudadano que no sea empresario cobre por la energía que vierte a la red, incrementa los costes fijos y de instalación y da el poder a las eléctricas para conceder permisos y estudios de conexión. Más claro, agua.

Con noticias como esta, también podemos comprobar que están haciendo los deberes a la perfección con vistas a su retiro del ámbito público: “El precio de la luz que pagan los hogares españoles aumentó un 52% durante la crisis económica, un incremento que duplica al de la media de la Unión Europea en ese mismo periodo, y que ha situado a España como el cuarto país europeo con el recibo de la electricidad más caro, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda”. Se puede ver del lado de quién están, no hay género de duda.