CUATRO AÑOS MÁGICOS DEL PP, ¿REPETIMOS? II PARTE

TODO ORQUESTADO PARA EL SAQUEO Y LA IMPUNIDAD

Seguimos con el repaso de estos cuatro años, si te gustó la segunda parte, ésta no te la puedes perder.

Corrupción

La verdad que uno no sabe por dónde empezar en este tema. Son tantos los casos, los documentos, las pruebas, las grabaciones telefónicas, los mensajes, las imputaciones, los sumarios, los juicios, los mafiosos...que sólo la idea de resumirlo en unas líneas le hace a uno marearse. Claro está que no se puede generalizar, metiendo a todos en el mismo saco, pero si algo ha quedado claro en estos años, si algo se puede decir sin faltar a la verdad, es que la corrupción en el PP está generalizada e institucionalizada. Empezando por el presidente Rajoy, que aparece como receptor de dinero negro en los “papeles de Bárcenas”, que han sido verificados y validados por un juez. Y aquí no pasa nada. Por resumir, me voy a centrar en algún caso concreto, por ser paradigmático de la situación.

Jaume Matas ha sido consejero de Economía y Hacienda en Baleares, dos veces presidente de esa comunidad, presidente del PP de Baleares y Ministro de Medio Ambiente de España. No está mal. También ha sido procesado por 12 delitos durante su presidencia del gobierno balear por prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral. Casi todos relacionados con el llamado caso “Palma Arena”, en el que por la construcción de un velódromo presupuestado en 48 millones de euros, que ya está bien, se llegaron a pagar más de 90. El problema fue que rompieron una ley de oro: hay que esperar a entrar en la empresa privada para sacar la pasta a flote. A Matas le faltó contención, como a su señora. Si fueran más al cine verían como los mafiosos, después de un golpe redondo, tienen un periodo de cuarentena durante el cual no se puede hacer ostentación de bienes, para evitar sospechas, hasta que la policía deja de investigar. El matrimonio compró un palacete en el centro de Palma valorado en 2,5 millones de euros, que fue reformado y decorado a todo lujo, ¿recuerdan la escobilla de váter de 400 euros? También adquirieron otros inmuebles en Madrid y Mallorca. La señora de Matas lucía todo tipo de modelazos de marca (Dior, Chanel, Vuitton). Un día se detuvo en una joyería y compró unos caprichos por valor de 70.000 euros, que pagó a tocateja. A pesar de ese ajetreo todavía le quedaba tiempo para llevar a cabo trabajos de asesoría, bien de educación en la Comunidad de Madrid, cuando su marido estaba de ministro, o en el Centro de Cálculo Balear cuando su marido volvía de president, trabajos que alternaba con otros puestos en distintas sociedades. Se calcula que en cinco años gastaron cerca de cuatro millones de euros a pesar de que sus ingresos en uno de esos años fueran solo de 84.000 entre los dos. Durante este periodo, el matrimonio sólo sacó 500 euros de su cuenta bancaria.

Ella se negó a declarar, y él se declaró inocente y se limitó a decir que confiaba plenamente en la justicia. Y tenía motivos. El Tribunal Supremo ha rebajado su primera condena por tráfico de influencias de seis años a nueve meses, evitando que vaya a la cárcel. Se le impuso una fianza de tres millones de euros, que de no satisfacerse implicaba el embargo y la subasta de sus bienes. Tal subasta se paralizó porque llegó a un acuerdo con el banco de Valencia en el último momento. Se da la circunstancia de que ese banco está intervenido, y aún así, le quedaban fuerzas para hacer este tipo de operaciones. Estando, como afirma Matas, en la ruina, ¿qué garantías pudo ofrecer? Por último, se le retiró la fianza porque el juez decidió que ya no era oportuna. Hace bien Matas en confiar en la justicia. “Marca España”.

Pero hay algo que me llama la atención y que se suele repetir en todos los juicios de esta gente: en la mayoría de preguntas que le hacía el juez, se encogía de hombros y decía no acordarse de nada. La famosa ignorancia. Se venden como genios de la gestión y la solución para todos los problemas de la patria en periodo electoral, y como idiotas cuando se sientan en el banquillo. También llama la atención una declaración de Matas en una entrevista televisada. En un momento dice: “En Baleares no ha pasado nada que no haya pasado en otras comunidades autónomas..., aquí se ha sufrido una fiscalización que no ha pasado en otros sitios”. La verdad que no consuela nada saber que lo que pasa en Baleares ocurre también en el resto de España. La diferencia, dice, que a él le han investigado. Ahí es donde ve el problema, en la fiscalización de las cuentas. Si no se fiscalizara, aquí no pasaría nada. ¡Si señor!

Y es que estos neoliberales funcionan como si el dinero fuera suyo. De ahí el comentario de Fraga cuando exponía las razones que le llevaron a suspender una gala de actores españoles: “Yo no pago para que me insulten”. Ustedes, queridos señores neoliberales, no pagan nada. Somos nosotros los que pagamos todo y es a nosotros a quien tienen que rendir cuentas, no a los líderes de su partido, a quien también pagamos. Entienden el resultado de las urnas como un acta notarial donde el administrador pasa a ser el propietario.

Otro famoso caso, el llamado “Caso Bárcenas”, en el que ya van 17 cuentas descubiertas y un total de 47 millones de euros es Suiza, es para troncharse. La cuestión de fondo es que si el cajero de la casa tiene bajo control esa suma tan importante, hay que aclarar de donde ha salido y a quién pertenece. Hay que partir de que éste señor no tenía acceso a más fondos que los del partido, no tenía más cargos, solo podía sacar la pasta de la caja del partido. Sus explicaciones de que es un marchante de arte primero, y un genio de las finanzas después, se caen por su propio peso. Como esto no cuela y no deja de salir en los medios de comunicación, el personal del partido se empieza a poner nervioso y a quitarse de en medio. Además algunos debieron sentirse idiotas por haber quedado fuera del tinglado, o agraviados con respecto a lo que recibían los demás, y así empezaron las salidas de tono y las disenciones. El lío está montado.

Aparecen los famosos “papeles de Bárcenas”, primero unas notas guarrillas y luego una contabilidad en toda regla con apuntes de los pagos y los cobros. Bárcenas niega que esos papeles sean suyos y el PP niega su veracidad, anunciando que es un infundio de El Pais y se querellan contra el diario. En estas, la señora De Palacio, ex ministra de exteriores, que nunca se ha caracterizado por ser muy espabilada, mete la gamba y se querella contra Bárcenas porque aparece anotada en los papeles como receptora de sobres. Así, sin querer, adjudica la autoría de los papeles al ex tesorero. La caga. Al final se demuestra que la letra es de Bárcenas y que los apuntes de entrada de las empresas coinciden con los de salida por la misma cantidad de dinero en la contabilidad de esas empresas. Tanto los papeles como su contenido son auténticos. Se descubre que se recibían importantes cantidades de dinero, al tiempo que Bárcenas pagaba en sobres de dinero negro a distintos cargos del PP durante un par de décadas. Según diversas informaciones esta era una costumbre arraigada que se llevaba practicando desde la época de Fraga y se estandarizó con la llegada Álvarez Cascos a la secretaría general. Por lo tanto, se habría cometido delito electoral desde el nacimiento del partido en las sucesivas elecciones. Casi nada. Pero la prescripción de los delitos es una garantía en estos casos y siempre aparece cuando más se la necesita. Bendita impunidad.

Como ya hicieran en el caso Gúrtel, el PP se persona en la causa como parte perjudicada. ¿Perjudicada por qué? ¿Esa pasta era suya? Después de negar todo, de no reconocer la verosimilitud de los papeles, ni la entrega de pagos en negro, poco tiene que aportar como acusación. Entonces, ¿cuál es la intención? Tener acceso a la investigación para entorpecerla, dilatarla y torpedearla.

Bárcenas estaba en manos del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del que presumían en el PP que estaba a favor de obra. Éste señor no veía relación entre las siglas de un pagador del PP llamado L.B, y un pagador que trabajaba en el PP y que se llamaba Luis Bárcenas. Desde luego un lince, lo que se dice un lince, no es. Decía este juez que tampoco tenía sentido que Bárcenas percibiera de las empresas de Correa 72.000 euros porque hacía tres años que no tenían relación y se llevaban mal. Este juez no vio nada de lo que ahora sabemos, teniéndolo encima de la mesa, y dicta el sobreseimiento del caso. En estas sale Trillo y dice: “Esto demuestra que todo ha sido un montaje político de los socialistas” y pidió responsabilidades “tras dos años y medio de acoso al tesorero nacional del PP y al PP”. Hay que recordar que Trillo pidió y consiguió la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por coincidir con Garzón en una cacería, organizada por un miembro del PP, mientras que según la versión del propio Trillo, Jorge Trías (ex diputado del PP de la época de Aznar y abogado) estuvo reunido con el juez Pedreira decenas de veces a instancias de Rajoy en pleno proceso. Pero no, ahí no había nada que objetar.

Trías se vio tantas veces con el juez que pasó una factura al PP de casi 50.000 euros, que el PP se negó a pagar. Se cabreó y se volvió contra ellos. Les traía a cuenta haber pagado, total, por uno mas...

Poco después la Audiencia Nacional echó para atrás estas decisiones del juez Pedreira y el caso Bárcenas se reabrió. La oposición en bloque pide la dimisión de Rajoy al aparecer en los papeles de Bárcenas como receptor de sobres. Rajoy asegura no haber recibido dinero negro del partido, y para demostrarlo anuncia que publicará sus declaraciones de renta y patrimonio. Que cachondo. Alguien debería explicarle al señor Rajoy, que en caso de percibir aportaciones de dinero negro no las puede incluir en la declaración de la renta como ingreso, ni siquiera extraordinario, porque no hay casilla para tal partida. Ya puestos podía haber anunciado que iba a publicar un libro de poemas, que como documento exculpatorio, tiene la misma validez. También existe otra posibilidad, pensar que lo dice en serio, que no está de broma. En ese caso échense a temblar al comprobar en manos de quien estamos.

El 3 de febrero de 2013 El País publica la segunda entrega de los papeles de Bárcenas. La oposición vuelve a pedir la dimisión de Rajoy, pero éste, en un alarde de transparencia y de aclarar las cosas a sus ciudadanos, declara desde Alemania, donde había ido a reunirse con Merkel, su jefa: “todo es falso salvo alguna cosa”.

Salen a la luz los mensajes de ánimo al ex tesorero, enviados después de que Rajoy ya conociera la existencia de cuentas de éste en Suiza. No se entiende que se pusiera de parte de Bárcenas si, como él decía, le había traicionado. Un mensaje que envió nos puede dar una pista: “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo”. A todas estas no hay voces discordantes dentro del partido que pidan una aclaración de lo que está pasando, la omertá funciona.

Sale a la luz una nómina de Bárcenas de 2012 pagada por el PP, ya que aunque los dirigentes insisten en que Bárcenas fue despedido hace años, sigue en nómina, con despacho, secretaria y chófer. Y aquí es cuando tenemos el momento más divertido y vergonzante de la trama. Cospedal explicando el finiquito en diferido. Una cachonda.

Unos días después, Cristóbal Páez, ex gerente del PP, afirma ante el juez que recibió pagos en dinero negro por valor de 12.000 euros, que aparecen en los “papeles de Bárcenas” procedentes de donaciones que no se declaraban a Hacienda. Cosa menor al parecer. Y para terminar de esclarecer las cosas, en su afán de ser líderes en transparencia, los ordenadores de Bárcenas que el PP tenía “bajo custodia” fueron formateados. Por otro lado las secretarias de los señores Bárcenas y Lapuerta (que le precedió en el cargo) declararon que habían destruido, por iniciativa propia, “sin que nadie se lo ordenara”, las agendas de sus respectivos jefes porque creían que no servían para nada. Estas agendas contenían las anotaciones de las visitas de los empresarios que hacían las donaciones. Visitas que casualmente ellas no recordaban en absoluto y que esas agendas podían ayudar a aclarar. De nuevo estamos ante un caso en que las personas se vuelven tontas al ser interrogadas por un juez. No se entiende que, con esa mala memoria que les impide recordar visitas y la negligencia manifiesta de destruir información “sin que nadie se lo ordene”, vamos, lo normal en una secretaria, trabajaran en puestos tan cualificados.

Resumiendo y por finalizar, para esta banda organizada todo es cuestión de que no te pillen, y si te pillan, que tengas suerte con el juez. Como dijo Rajoy en defensa de Bárcenas: “Nadie podrá probar que no son inocentes”. Ésa es la consigna, mientras nadie pueda probar nada, tú sigue adelante. O sea, “móntatelo bien, imbécil”. Se puede robar, se puede malversar, poseer bienes sin justificar, que siempre se contará con la presunción de inocencia por parte del jefe y de los compañeros de partido. Pero como un solo día alguien se aparte de la línea o haga unas declaraciones en contra de lo propuesto por la cúpula, es expulsado en el acto. No digamos si se atreve a denunciar un acto de corrupción: que se prepare para perder su puesto de trabajo y recibir amenazas, descalificaciones y persecuciones de todo tipo. “Con ese hijo puta no tengo nada de que hablar” escuchó Jose Luis Peñas, siendo concejal del PP por Majadahonda, de boca de Esperanza Aguirre, cuando quiso entrevistarse con ella para denunciar la corrupción que se vivía en su ayuntamiento, trama que más tarde sería conocida como “caso Gúrtel”. Así las gastan con los que rompen la ley del silencio. La omertá se ha impuesto en Génova.

La lista de casos de corruptos y nombres de imputados tiende al infinito. Pero por no aburrir al personal, aquí lo dejo.

Medios de comunicación

Los neoliberales se quejaban desde la oposición del despilfarro que se estaba produciendo en Telemadrid por los anteriores gestores. Vamos a ver unos datos que reflejan su obra. En 2002, la deuda de la cadena ascendía a 76 millones de euros. Estos magos de las finanzas, del ahorro y de la austeridad elevaron esa deuda hasta los 278 millones en el año 2011. Podemos pensar que fue gracias a hacer una televisión de más calidad y por lo tanto más costosa. En absoluto. La audiencia, que llegó a estar en un 17,1 en el año 2003, bajó hasta un 4,7 en 2012. Estos datos serían suficientes para investigar lo que ha pasado con el dinero de todos y exigir responsabilidades, ya que da la impresión de que alguien está siendo demasiado “liberal” con el presupuesto de la casa. El comité de empresa ha denunciado en innumerables ocasiones que los cargos directivos tienen una escasa capacitación, su cometido laboral se desconoce, cobran un pastón y su cualificación no es otra que ser amiguetes y familiares de los directivos. Nadie ha movido un dedo.

El colmo del descaro es cuando aparece el máximo responsable de este esperpento, Ignacio González, quejándose de su propia obra, sumándose a la denuncia de la mala gestión de la cadena. Qué puede esperar cuando la han convertido en un órgano de propaganda de su dueña y señora, dando altas retribuciones a personas cuya trayectoria está ligada a la fidelidad política, en donde se elabora la información con características propias de una dictadura, que incluyen denuncias de acoso sexual.

Pues este señor decidió poner en la calle a la mayor parte de los trabajadores. Y digo bien, trabajadores. No a los contratados (enchufados). De éstos últimos no ha echado a ninguno. Se da la circunstancia de que la justicia dio la razón a los trabajadores y ha pedido su readmisión, momento en el que González amenazó con cerrar la televisión. Hombre, faltaría más, a él nadie se le pone chulo. El sólo respeta las resoluciones judiciales “de los suyos”, que por otra parte, son mayoría aplastante.

Este caso se da también en otras comunidades, como en la comunidad valenciana, otro ejemplo de supresión de la libertad informativa y de manipulación impropio de un país democrático. En internet se pueden ver estos ejemplos de soflamas panfletarias que causan vergüenza, en programas informativos en los que se arremete contra los partidos rivales, en un estilo neofascista puro y duro, llegando a editar mítines de campaña electoral de la oposición, emitiendo discursos que expresan lo contrario de lo que se ha dicho.

La conclusión siempre es la misma: despilfarro, ruina y despido de trabajadores. Es la misma maniobra repetida una y otra vez y denunciada también por los profesionales de la medicina. Consiste en hundir las empresas públicas para demostrar que son inviables como paso previo a su cierre o privatización, y venta a los colegas. “Marca España”.

Y lo más gracioso, se quejan de la mala gestión. Esto ya no se sabe si es recochineo o cinismo. Como si estas empresas estuvieran en manos de extraterrestres. Pero sí que hay una ley no escrita en este sentido: cuanto mayor es el desastre que un neoliberal crea en la gestión pública, mas cobra como consejero en la empresa privada.

Otro cuestión sangrante es RTVE, que ha pasado de llevarse premios internacionales a estar bajo denuncias de manipulación. Durante la etapa anterior al gobierno del PP, los informativos de TVE son reconocidos mundialmente por su "calidad, independencia y pluralidad", recibiendo el premio al mejor informativo del mundo de los Media Tenor Global Tv Awards, superando a los informativos de la BBC, la TF1, la ABC o la RAI, entre otros, y recibiendo el segundo puesto de ese mismo premio en 2010, solo superado por los informativos de TF1. En 2011 recibió el Premio Nacional de Televisión.

Recientemente, el presidente y el vicepresidente del Consejo de Informativos de TVE, Alejandro Caballero y Xabier Fortes, acudieron a Bruselas para informar a los grupos políticos del Parlamento Europeo y al Comité de Libertades de la situación los Informativos en la televisión pública estatal. Lo hicieron en representación de los Consejos de TVE, RNE y RTVE.es. Se trata de la primera vez que se acude a una instancia internacional, tras casi tres años de acusaciones de manipulación informativa, y de requerimientos a la dirección para que se mantuviera el pluralismo y la independencia profesional, frente a una progresiva gubernamentalización de los telediarios, cada vez más cercanos a un aparato de propaganda al servicio del PP más propio de otros regímenes. En este ente, frente a criterios profesionales y de mérito, prima la procedencia ideológica, y las contrataciones externas de personal de “confianza” para desplazar a tareas menores a periodistas de plantilla con profesionalidad contrastada. Ambas iniciativas han contribuido a mermar el pluralismo en la información, y en presiones contra la independencia profesional de los periodistas.

Según estoy escribiendo estas líneas salta la noticia de que TVE no permite entrevistar en ningún programa de la cadena a Pablo Iglesias, líder de un partido de la oposición, y se defienden con la escusa de que "si llevamos a un político, hay que llevarlos a todos". Sin embargo, la semana pasada se entrevistó a Pedro Sánchez, líder del PSOE, y se hará lo mismo con Mariano Rajoy en las próximas semanas. ¿Censura? De ninguna manera. “Marca España”.

Ley mordaza

Con una frase se va a entender perfectamente. Su autor intelectual es Jaime Mayor Oreja, diputado en el Congreso, Ministro de Interior y actual presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Sin despeinarse ha dicho que le parece un "disparate que se televisen todos los problemas de orden público con cámaras de televisión porque incitan a manifestarse”. Al parecer, le gustaría volver a aquellos tiempos de silencio, de la oficial como única e incontestable versión de los hechos; de la revisión de las tomas grabadas por los responsables del gobierno antes de su emisión para su selección y censura. Aquellos métodos de manipulación y restricción informativa que ya creíamos superados permanecen en la memoria nostálgica de algunos que reivindican sus bondades por la tranquilidad que aportan. Se vive mejor ocultando la verdad, negando los hechos.

Se da la circunstancia de que precisamente quien tiene que asegurar el derecho a manifestarse de los ciudadanos (recogido en la Constitución, por si hay algún despistado) por ser cargo público y representarnos a todos, es el primero que se lo niega. En estas manos estamos.

Ayuda a entender esta mentalidad las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuando al ser preguntado por unas cargas policiales emitidas por televisión en las que se apreciaba una brutalidad policial sin sentido, afirmaba que la actuación de la policía le había parecido “impecable”. Recordarán las imágenes en las que unidades de antidisturbios entraban en la estación de tren de Atocha, donde golpeaban a ciudadanos que esperaban en el andén tranquilamente y, de paso, a los periodistas que grababan lo que estaba ocurriendo. Al ser preguntado de nuevo por las imágenes que demostraban lo contrario, respondió sin dudar: “no he visto las imágenes”. Entonces, ¿por qué la actuación policial le pareció estupenda? La respuesta es sencilla: porque los manifestantes no eran “de los suyos”. Si eran apaleados, bien apaleados estaban. En ese sentido puede estar muy tranquilo don Ignacio. No se recuerda una sola manifestación “de los suyos” que haya recibido semejante trato por parte de la policía. Tampoco se lo deseo y, de ser así, estoy seguro de que rodarían las cabezas de los responsables, ¡faltaría más!

Ya sabemos dónde estamos. Ahora que los ciudadanos les habían otorgado barra libre, o eso se creen y lo demuestran continuamente, y con el paquete de recortes y medidas que traían debajo del brazo, a escondidas, preveían muchas movilizaciones y protestas en la calle, y esas algarabías no les gustan nada. Devalúa la imagen en el exterior, ya saben, la “marca España”. Pero no venían desprovistos, traían remedio para todo. Un paquete de medidas que iban a dejar a los quejicas en casa, y si se atrevían a desafiarlos, en la cárcel. “Con la democracia no se juega” dicen. Que cachondos. Cree el ladrón que todos son de su condición. Pues con estas aprobaron sin ningún consenso, como durante toda la legislatura, en contra de toda la oposición y valiéndose únicamente de su mayoría en el congreso, la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley se caracteriza en que no hay juicio ni jueces. Lo que diga el policía va a misa. Se suprime de un plumazo la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Son infracciones administrativas con multa asociada, cantidades que van desde 100 euros a 600.000. Se establece un registro de "infractores", algo que hasta ahora solo se hacía con los antecedentes penales y después de una sentencia judicial, lo que vulnera el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política, ya que quedan señalados y listados una serie de ciudadanos por su disidencia, en el caso de las manifestaciones. Queda claro que la intención de esta ley es disuadir las manifestaciones y protestas, algo que afecta gravemente a derechos fundamentales y a algunos principios jurídicos. Está plagada de ambigüedades, por ejemplo, el artículo 36.2: será infracción muy grave -hasta 600.000 euros- "la perturbación de la seguridad ciudadana" en el Congreso, el Senado y las cámaras autonómicas aunque los edificios estén vacíos. ¿Qué es perturbar la seguridad ciudadana? ¿Interrumpir un pleno, protestar a la puerta, cortar la calle, gritar? La ley no lo define. Queda prohibido grabar a la policía, no vaya a ser que salgan a la luz imágenes que no gustan a la gente de bien. Se da un poder desmedido a la policía. Ya saben, justicia social o guardia civil.

También se legalizan las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, prohibidas por ser una violación de leyes básicas internacionales de derechos humanos, norma que ha sido reprendida desde Europa y distintas organizaciones. Pero ya saben cómo funciona esto, Europa prefiere un líder débil y manejable, obediente con sus peticiones y que haga sus deberes a la perfección, y mientras, aunque someta a su pueblo a la mendicidad, le perdonarán todo tipo de leyes y desmanes que atentan a la dignidad de las personas. Su único propósito es cobrar los intereses, la pasta gansa, y seguir manteniendo sus privilegios. Lo demás los importa una mierda. Nosotros les importamos una mierda. Es así, estamos solos.

Ya por terminar y por ilustrar un ejemplo visible de este tipo de leyes, ha salido recientemente una sentencia de La Audiencia Provincial de Madrid, condenando a una pena de 5 años de prisión y una multa de 16.000 euros a uno de los participantes de 'Rodea el Congreso', Francisco Molero de 27 años, supuestamente por atentado a la autoridad. Sentencia contra la que no cabe recurso alguno.

La estrategia del miedo empieza a dar sus frutos. Los que roban a manos llenas están en la calle y sin obligación de devolver lo sustraído. Los que protestan por decisiones que no comparten, en la cárcel. Democrático, lo que se dice democrático, no parece.

Justicia

Noticia de El País: “El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pagó cuotas de militante del Partido Popular mientras ya se encontraba en el cargo, según un documento del sumario del caso Bárcenas”. Información que ha sido ratificada por el PP.

Pues bien, el artículo 127 de la Constitución señala que los jueces, magistrados y fiscales no podrán, mientras se hallen en activo, pertenecer a partidos políticos y sindicatos. En el artículo 159 también se fijan las incompatibilidades de los miembros del alto tribunal, como estar afiliado a un partido. Algo que también prohíbe el artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”.

¿Creen que esto ha supuesto la revocación del cargo por incompatibilidad clara y manifiesta? En absoluto. Para el PP la Constitución y las leyes son sagradas y no se pueden incumplir “bajo ningún concepto” cuando defienden sus propios intereses, su inmovilismo y el hacer las cosas “como dios manda”, agarrándose a ella como a un clavo ardiendo. Pero cuando se cruza en su camino y no les conviene, se convierte en papel mojado y ya está. No pasa absolutamente nada. Y aquí chitón. Por poner un ejemplo: Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada, tonterías. Está antes el derecho de mis amiguetes los banqueros a forrarse y a especular con los pisos, aunque estén vacíos. Y si tienes huevos sal a la calle a parar un desahucio, que con la ley mordaza te metemos 30.000 euros y tan agusto. Parece pues que la Constitución es “interpretable”. Entonces...¿Lo de la monarquía? Ah! Eso no se toca, es SAGRADO. Claro joder, que en el siglo XXI lo más normal es que por ser hijo de alguien heredes el cargo y sus privilegios. Pues eso. “Marca España”

Estas prácticas constituyen un claro intento de acceder a la impunidad, acabar con la separación de poderes copando con nombramiento de personas afines y leales, las altas instituciones de la judicatura así como los altos tribunales de justicia. En el caso del Tribunal Constitucional, al decidir sobre la constitucionalidad de las leyes que salen del Congreso de los Diputados, teniendo poder para revocarlas, puede convertirse en un órgano que anule la voluntad popular, el poder que emana de las urnas.

Pero si quedaba algún resquicio por el que el ciudadano podía sentirse seguro, o al menos, con posibilidad de defenderse, ya se han encargado de tapiarlo. Gallardón aprueba la Ley de tasas judiciales. Esta ley implica que las tasas fijas que el ciudadano deberá desembolsar para acceder a la justicia fluctuarán entre los 150 y los 1.200 euros en el orden jurisdiccional civil. Por ejemplo, la tasa para un concurso necesario será de 200 euros, mientras que una apelación costará 800 euros. En el orden contencioso-administrativo, las cantidades oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado a los 1.200 euros de una casación, mientras que en el orden social la suplicación implicará el pago de una tasa de 500 euros y la casación de 750. A estas tasas fijas se añadirán otras variables que serán del 0,5% para los pleitos cuyo importe económico alcance hasta el millón de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo variable de 10.000 euros.

En otras palabras, el que tenga pasta, tendrá justicia. El que no, que se joda. Haber nacido rico. Esta ley, como ha ocurrido en sanidad, educación y demás ámbitos, ha sido fuertemente criticada y contestada, en un movimiento sin precedentes, poniendo de acuerdo a todos los agentes de justicia, jueces, fiscales y usuarios. Tras fuertes presiones, se procedió a la eliminación de las tasas judiciales a las personas físicas, manteniéndolas a las personas jurídicas, a las empresas. A ver, que “Dios aprieta pero no ahoga”. De vez en cuando algo hay que dar a la plebe, alguna concesión. Se calman los ánimos, y a seguir.